A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno ha acordado esta semana iniciar la tramitación de un nuevo anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). El objetivo es triple: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años. A continuación, detallamos las valoraciones de AEE a este Anteproyecto de Ley.

Este fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, los denominados Recore. El coste de financiación del Recore dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico. El Fondo se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía y podría rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.

La sostenibilidad financiera del sistema eléctrico es un aspecto irrenunciable de máxima prioridad para el sector eólico. Adicionalmente, la descarbonización es una necesidad y un compromiso adquirido también irrenunciable, que engloba a toda la sociedad, y por tanto una prioridad de país. Teniendo en consideración que la electricidad es el vector óptimo para avanzar hacia la descarbonización, apostar por esquemas que garanticen ambas prioridades debe ser en sí mismo una prioridad, evitando situaciones en las que se ponga en peligro el entorno económico sostenible de la electricidad.

Dada la situación actual de crisis económica y disminución del consumo de electricidad, para impedir una situación de déficit estructural del sistema eléctrico es necesario que el actual mecanismo de repercusión de costes fijos asociados a la descarbonización no sea soportado exclusivamente por los consumidores de electricidad. Esto terminaría generando un aumento directo del precio de la factura eléctrica, lo que implicaría una pérdida de competitividad de las actividades económicas basadas en electricidad, además de una presión adicional sobre las economías domésticas. La reacción lógica sería una pérdida de competitividad de las empresas y una reducción del consumo eléctrico de las familias, y por tanto un perjuicio hacia la necesidad de descarbonización. Se estaría perjudicando al vector electricidad, el que ha demostrado mayor capacidad de descarbonización durante estos años y debe ser el vehículo lógico para lograr los objetivos climáticos 2030. En este sentido, según el Avance de las emisiones de GEI de 2019 del MITECO, el sector eléctrico habría logrado una reducción respecto al año de referencia (1990) del 35%, mientras que otros sectores como el transporte (+53%) o residencial (+56%) han aumentado considerablemente sus emisiones al haber incrementado su consumo de combustibles fósiles.

Valoraciones de AEE
Desde AEE siempre se ha defendido la necesidad de repercutir al consumidor eléctrico exclusivamente los costes directamente asociados a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, intentando no añadir tributos o impuestos que puedan distorsionar el coste real de la electricidad, y por tanto dar una señal errónea sobre la competitividad de electricidad. Además, en relación a la renovables eléctricas, se suma otro factor, y es su contribución directa a la descarbonización de la economía, aspecto éste que entendemos corresponde a la sociedad en su conjunto como un objetivo de país. Más aún, la eólica tiene efectos macroeconómicos positivos en forma de mejora de la balanza comercial - ahorrando la importación de combustibles fósiles-, o en forma de mejora de la competitividad de los sectores industriales y la factura doméstica- por el efecto depresor del coste de la electricidad-, o la reducción de las emisiones contaminantes que perjudican a la salud -evitándose el gasto en sanidad relacionado-, entre otros. Por lo tanto, los beneficios de disponer de parques eólicos operando y generando electricidad limpia son disfrutados tanto por los consumidores eléctricos como por el conjunto de la sociedad y sus actividades económicas. De acuerdo con esta realidad, soportar los costes fijos -regulados y auditados- de las renovables no sería lógico que recayese exclusivamente sobre los consumidores eléctricos. La clave es encontrar el instrumento adecuado que garantice que esos ingresos necesarios para el sistema eléctrico están asegurados en tiempo y dimensión, al provenir de otras actividades adicionales al consumo de electricidad. Para ello consideramos que es necesario alinear las reglas de juego en lo que se refiere a la forma de financiación y estructura de costes de otras fuentes de energía.

Adicionalmente, desde el sector eólico también se ha venido defendiendo la necesidad de implementar mecanismos de fiscalidad verde lo antes posible, y este Anteproyecto de Ley apunta en opinión de AEE en la buena dirección y ayuda a poner en marcha el mensaje de que no sería lógico que los costes del avance hacia la descarbonización estuvieran soportados justamente sólo por el sector eléctrico, el que más descarbonizado está, porque de este modo no se genera el efecto de cambio.